Foto de archivo. El logotipo de la empresa estatal de electricidad de México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se ve en su edificio de oficinas en Monterrey, México 5 de noviembre de 2019 REUTERS/Daniel Becerril
Foto de archivo. El logotipo de la empresa estatal de electricidad de México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se ve en su edificio de oficinas en Monterrey, México 5 de noviembre de 2019 REUTERS/Daniel Becerril (DANIEL BECERRIL/)

CIUDAD DE MÉXICO, 2 feb (Reuters) – El principal grupo empresarial de México criticó el martes cambios en el mercado eléctrico propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, calificándolos como una «expropiación indirecta» que viola acuerdos comerciales internacionales del país.

López Obrador envió el lunes al Congreso el proyecto de ley que apunta a priorizar a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas en el despacho de electricidad a la red, así como otros cambios en el mercado.

El Consejo Coordinador Empresarial de México (CCE) criticó la iniciativa en términos inusualmente contundentes, diciendo que conduciría a precios más altos de la energía y dañaría «irremediablemente» la certeza regulatoria y de contratación en la segunda economía latinoamericana.

«Abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad», dijo el grupo empresarial, agregando que el proyecto de ley también potencialmente violaría la Constitución.

López Obrador quiere dar más poder a las empresas estatales de energía de México, argumentando que la administración anterior sesgó la industria a favor de las empresas privadas con una reforma para liberalizar el mercado energético.

Pero el CCE dijo que el proyecto de ley violaría los compromisos de México tanto en acuerdos comerciales internacionales como en protección de inversiones y del medio ambiente, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 impulsada por la ONU y el Acuerdo de París.

Esto desencadenaría demandas legales y procedimientos de arbitraje internacional por parte de empresas, agregó la agrupación.

A menos que el Congreso rechace el proyecto de ley, probablemente socavará la inversión del sector privado justo cuando la economía está tratando de recuperarse de los efectos de la pandemia de coronavirus, dijo el CCE.

(Reporte de Dave Graham. Editado por Miguel Angel Gutiérrez)

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