IMAGEN DE ARCHIVO. Personas que buscan asilo esperan en el lado mexicano del Puente Internacional Brownsville-Matamoros, después de que se les impidiera el ingreso por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, cerca de Brownsville, Texas, EEUU, Julio 25, 2018.  REUTERS/Loren Elliott
IMAGEN DE ARCHIVO. Personas que buscan asilo esperan en el lado mexicano del Puente Internacional Brownsville-Matamoros, después de que se les impidiera el ingreso por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, cerca de Brownsville, Texas, EEUU, Julio 25, 2018. REUTERS/Loren Elliott (LOREN ELLIOTT/)

Por Raphael Satter

14 ago (Reuters) – Un juez federal estadounidense ordenó al gobierno del presidente Joe Biden restablecer la política de «permanecer en México» de su predecesor republicano, que obligó a decenas de miles de solicitantes de asilo centroamericanos a esperar en México la respuesta de sus casos judiciales con Estados Unidos.

En una victoria para los estados de Misuri y Texas, que entablaron la demanda, el juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos, Matthew Kacsmaryk, dijo el viernes que la administración de Biden violó las leyes de procedimiento al no considerar «varios de los principales beneficios» del programa y actuó «arbitraria y caprichosamente» para ponerle fin.

Un memorando de la administración de Biden anunciando un final formal de la política de Donald Trump fue publicado el 1 de junio. No estaba claro cómo el fallo finalmente afectaría esa decisión. El expresidente instituyó la política a inicios de 2019.

Kacsmaryk, designado por Trump, suspendió su decisión durante una semana para permitir que el gobierno apelara. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La política de Trump de «permanecer en México», conocido oficialmente como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), buscaba bloquear el avance a los solicitantes de asilo de Centroamérica haciéndolos esperar en México el resultado de sus audiencias en Estados Unidos.

Los defensores de la política dijeron que redujo la presión sobre los funcionarios de inmigración, mientras grupos de derechos humanos aseguraron que violó el debido proceso y expuso a los refugiados indigentes al riesgo de sufrir delitos como secuestro, abuso y violación.

(Reporte de Raphael Satter; Traducido por Abraham González; Editado por Manuel Farías)

Dejar respuesta

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí