Se aprobó el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales

Se aprob el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda nica y Familiar en Regmenes de Alquileres Formales

El Gobierno atender con prioridad la situacin de familias monomarentales y monoparentales, personas adultas mayores o en situacin de vulnerabilidad, con discapacidad y en extrema pobreza o indigencia, y a vctimas de violencia de gnero, en los casos que se produzcan desalojos como consecuencia de la finalizacin del decreto que los prohibi durante un ao como consecuencia de la pandemia.

As lo establece el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda nica y Familiar en Regmenes de Alquileres Formales, que se aprob a travs de la resolucin 5/2021 de la Secretara de Desarrollo Territorial, publicada este martes en el Boletn Oficial.

«Es una decisin poltica del Estado de no mirar para otro lado ante una circunstancia que para nosotros puede ser muy penosa: que familias se queden en la calle»

Luciano Scatolini, Secretario de Desarrollo Territorial

«Es una decisin poltica del Estado de no mirar para otro lado ante una circunstancia que para nosotros puede ser muy penosa: que familias se queden en la calle», indic a Tlam el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini.

En ese sentido, dijo que «la decisin del Gobierno es tomar decisiones informadas y justas», y remarc que «por eso generamos un criterio de priorizacin a travs del registro del Protocolo».

Explic que «de esta manera se va a permitir la caracterizacin de las situaciones», y puntualiz que «hay que ser claros: nuestro pas no tiene un stock de viviendas propias del Estado nacional».

Al respecto, indic que «el modelo que el Estado nacional tiene es uno de financiamiento de unidades ejecutoras para la construccin de viviendas», y puntualiz que «ahora hay un fuerte compromiso del presidente Alberto Fernndez con el programa Casa Propia, que implica 264.000 soluciones habitacionales en un plan trienal».

«A su vez sabemos que para que ese programa sea exitoso necesitamos criterios que lleven adelante las unidades ejecutoras de provincias, municipios y la ciudad de Buenos Aires», sostuvo Scatolini, quien seal que «por eso son muy importantes las regulaciones urbansticas, que son las que permiten incidir sobre los criterios con los que se maneja el mercado inmobiliario».

Luciano Scatolini, Secretario de Desarrollo Territorial, aclaró que "el Estado nacional no tiene facultades regulatorias en materia urbanística"

Luciano Scatolini, Secretario de Desarrollo Territorial, aclar que «el Estado nacional no tiene facultades regulatorias en materia urbanstica»

El funcionario destac que «cuando el mercado est totalmente desregulado, se generan mayores niveles de especulacin, concentracin y segregacin socio espacial», y subray que «esas materias regulatorias urbansticas, por nuestra organizacin jurdico constitucional, son resortes exclusivos de los gobiernos subnacionales».

As aclar que «el Estado nacional no tiene facultades regulatorias en materia urbanstica», pero remarc que «no obstante ello, desde el Gobierno nacional se tomaron dos decisiones importantes que ayudan a las regulaciones locales».

«El ao pasado lanzamos el Plan Nacional de Suelo Urbano, que es un instrumento que busca colaborar con las provincias, municipios y la ciudad de Buenos Aires, para lograr el primer paso hacia esa regulacin que es el acceso al suelo», explic Scatolini.

Agreg que «ahora, hace muy poco, se lanz el Programa Nacional de Planificacin y Ordenamiento Urbano«.

«Si bien no podemos determinar las decisiones que tienen que tomar los gobiernos subnacionales para la planificacin de su territorio, s generamos a travs de este programa los criterios mnimos que entendemos que los gobiernos subnacionales deberan seguir, instrumentar, poner en marcha», precis el funcionario, quien detall que «siete provincias ya firmaron convenios» con la Nacin: Chaco, La Rioja, Misiones, San Juan, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumn.

En este marco, Scatolini indic que «se busca caracterizar la demanda de riesgos concretos de desalojo».

«Hay un fuerte compromiso del presidente Alberto Fernndez con el programa Casa Propia, que implica 264.000 soluciones habitacionales en un plan trienal»

«Pero como no tenemos un stock ni facultades de regular, vamos a mirar a las unidades ejecutoras de provincias municipios y la ciudad de Buenos Aires y vamos a ver qu stock de vivienda tienen disponible para realojar familias que pueden quedar en situacin de desalojo», afirm el secretario.

Puso de relieve que «la mayor conflictividad est en la ciudad de Buenos Aires», y remarc que «hay una paradoja, porque las viviendas ociosas que hay en CABA, si hubiera una poltica regulatoria por parte del Gobierno porteo para que no lo estn, habra una oferta ms amplia para alquilar y ms posibilidades para alojar familias».

«La mayor conflictividad est en la ciudad de Buenos Aires»

«Le estamos diciendo a la ciudad ms rica de la Argentina, con el PBI ms alto, que desarroll una poltica inmobiliaria que prioriz la construccin de viviendas ABC, para los de mayor poder adquisitivo, que sera bueno que tuvieran una poltica inmobiliaria que permita dar respuesta a los sectores sociales que demandan un alquiler a valores razonables», sostuvo Scatolini.

Subray que «ese es el trasfondo importante que escribimos en el Protocolo», y remarc que «el Estado nacional se hace cargo de la situacin, hay demanda del sector de inquilinos, e importa que entiendan los roles que corresponden a cada jurisdiccin en la instancia de toma de decisiones».

«Nosotros ponemos recursos pblicos para construir viviendas en la Argentina. Lo garantizamos con el programa Casa Propia. En una situacin que puede derivar en desalojos de contratos de alquiler instrumentamos el Protocolo. Pero hay restricciones que tenemos como gobierno nacional con una organizacin jurdica de tinte federal», explic el funcionario.

Seal que «las organizaciones urbansticas no estn delegadas en el gobierno nacional, sino que son de decisin autnoma en cada jurisdiccin», y sostuvo que «lo que el sector necesita son mayores regulaciones urbansticas».





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