Presentó en la Cámara
de Diputados de la Nación la incorporación de un artículo al Código Penal para
llevar a una pena máxima de 4 años a quienes se resistan o desobedezcan la
obligación legal de prohibición acercamiento. Entiende que pocos cumplen la
restricción y muchos casos derivaron en femicidios.

El
Diputado Nacional Carlos Selva
presentó un proyecto de Ley en la Cámara Baja del Congreso Nacional que busca
penar a quien desobedezca la restricción perimetral en casos de violencia de género.
“Incorpórese como Art. 239 bis del
Código Penal el siguiente: Art. 239 bis: Será reprimido con prisión de uno (1)
a cuatro (4) años el que resistiere o desobedeciere la obligación legal de
restricción perimetral o prohibición de acercamiento dictada por un funcionario
público en el marco de una denuncia por violencia de género, con el objetivo de
causar un daño en el cuerpo o en la salud de la otra persona”
, dice
escuetamente el citado proyecto que luego fundamenta. Selva señala que la
presente iniciativa propone elevar la pena a quienes violen una restricción
perimetral o prohibición de acercamiento dictada a raíz de una denuncia por
violencia de género. “Si bien la
modificación planteada es amplia en torno al género, la realidad es que surge a
raíz de la grave situación que se vive nuestro país en materia de femicidios”
,
destaca. Remarca que en la actualidad, en los casos de violación de una
restricción perimetral la pena aplicable es la que prevé el Art. 239 del Código
Penal para los casos de desobediencia a una obligación legal, que prevé una
escala penal de quince días a un año, “lo
que ocasiona que sólo en casos excepcionales la violación de una prohibición de
acercamiento conlleve una pena de prisión efectiva. En el peor de los casos esa
violación deriva en un femicidio”
. Destaca pues que las estadísticas en
nuestro país son alarmantes. “Estadísticamente,
sólo entre tres y cuatro de cada diez personas cumplen con las medidas de
restricción perimetral, lo que evidencia no sólo la ineficacia de la medida,
sino la inseguridad que eso conlleva para la víctima que ya realizó una denuncia
y pidió protección del Estado”
, añade.

Datos

Como
datos oficiales, indica que el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia
Argentina identificó 255 víctimas de femicidios en la República Argentina entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. Esta cifra incluye 4
travesticidios/transfemicidios. La tasa de víctimas directas de femicidios cada
100.000 mujeres en 2018 fue 1,1, idéntica a la de 2017. También se
identificaron 23 víctimas de femicidios vinculados. Al sumar ambas categorías,
la cifra de víctimas letales de la violencia de género en Argentina durante
2018 asciende a 278. “En esos casos, al
menos 31 víctimas directas de femicidios obtuvieron medidas judiciales de
protección. 24 de estas medidas se encontraban vigentes al momento del femicidio
y 7 se encontraban vencidas. No debe perderse de vista que no se pudo obtener
información sobre esta variable para 184 de las víctimas, por lo cual debe
tomarse con recaudo esta cifra. Con respecto a las 40 víctimas restantes, no
consta la existencia de medidas de protección. Sin embargo, con respecto a la
variable “hechos previos de violencia” se contabilizaron 41 denuncias formales
que habían realizado las víctimas contra los sujetos activos. Además de esta
cifra, se identificaron otros 58 vínculos en los que existieron “hechos previos
de violencia” que fueron constatados por otros medios obrantes en las causas
judiciales. Recapitulando, de los 289 vínculos constatados en este Registro, 99
al menos presentaron “hechos previos de violencia”
, destaca. “Como dato importante a tener en cuenta,
las restricciones perimetrales se fijan generalmente acorde al domicilio de la
víctima que denuncia la violencia de género”
, agrega. El Observatorio de
Violencia de Género “Ahora que sí nos ven” en su último informe para el año
2019 registró 327 femicidios, lo que equivale cerca de un femicidio cada 24
horas y sólo en el mes de diciembre hubo un saldo de 30 mujeres asesinadas. La
entidad elaboró el informe mediante los datos recolectados en medios gráficos y
digitales. “En el 67% de los casos, los
autores de los crímenes son parejas o ex parejas de las víctimas. En el 63% de
los casos, el asesinato se comete en la vivienda de la víctima, el 27% en la
vía pública y solo un 5% en la vivienda del agresor. Asimismo, en el 54,9% de
los casos hubo episodios de violencia no denunciados antes de la primera
presentación judicial.
En lo que va del año 2020, hubo 68 femicidios. “Es innegable que la medida propuesta no
resuelve la problemática, pero resulta necesaria cuando los mecanismos
previstos para proteger a las víctimas, como es el caso de la restricción
perimetral, no son suficientes para garantizar su integridad. Cuando el
violento violó el perímetro, significa que el Estado ya llegó tarde y lo que
pretendemos con esta medida, es prevenir la fatalidad que puede derivar de esa
ineficacia del Estado. Es evidente que resulta indispensable la fijación de
criterios de política criminal que atiendan las circunstancias especiales que
suponen estos casos, y la adopción de medidas de protección de la mujer víctima
a fin de evitar consecuencias mayores y la reiteración delictual”
, expone
en los fundamentos del proyecto.





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