Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti
(csjn)

El último martes del mes de septiembre, en una reunión de acuerdo extraordinaria, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió admitir el recurso extraordinario por salto de instancia interpuesto por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Los magistrados fueron desplazados en una jugada en la que intervinieron el Consejo de la Magistratura que recomendó que sus traslados debían ser revisados por el Senado, la Cámara alta comandada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que no prestó acuerdo y el Poder Ejecutivo Nacional que dictó el decreto que convalidó el desplazamiento de los tres jueces.

La decisión del máximo tribunal de admitir el per saltum lo ubica frente a una oportunidad histórica y constituye el primer hito de un derrotero que culminará con un fallo que marcará la vida institucional de la Argentina. Frente a la inminencia de una resolución tan trascendente de la Corte Suprema, Infobae consultó a dos académicos para tratar de vislumbrar cuál puede ser la posible decisión que pondrá fin a la controversia.

Uno de los consultados es Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, doctor en Derecho, profesor universitario y forma parte de la comisión de juristas convocados por el Presidente Alberto Fernández en el marco de la reforma de la Justicia. El experto planteó tres hipótesis: “Yo creo que Rosenkrantz va a votar a favor de los jueces y los otros cuatro ministros tienen dos posibilidades, van a decir que todos los traslados tienen que cumplir con el escrutinio más estricto constitucionalmente hablando, que todos los traslados tienen que pasar por el Consejo de la Magistratura, por el Poder Ejecutivo y por el Senado. Esta es la primera posibilidad”. Y agregó: “La otra posibilidad que veo es que hagan lo mismo que hicieron con el caso Rosza, de las subrogancias, que dijeron todo el sistema de subrogancias está mal pero por una cuestión de seguridad jurídica lo convalidó hasta acá y, de ahora en más el estándar para los traslados se tienen que prohibir, que no creo -para mi se tienen que prohibir- o bien tienen que pasar por el Consejo de la Magistratura, Poder Ejecutivo y Senado. Por ahí va a estar el voto de la mayoría de cuatro.”

Gil Domínguez aclaró que hay que ver qué hace con su voto Rosenkrantz “porque darle la razón a los jueces y no ponerle ningún límite a los traslados permitiría que cualquier presidente o presidenta pudiese cubrir esas vacantes con jueces cercanos. Por ahí, quizás si se utiliza el caso Rosza le cierra todo”. Sin embargo, advirtió que “lo que pasa que eso si uno lo ve no desde el punto de vista jurídico sino desde el punto de vista político es una declaración de guerra al gobierno, le convalidás y le atás las manos.”

Otro de los especialistas consultados por Infobae, José Vicente Sola, es Doctor en Derecho y en Economía, diplomado con medalla de oro en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación y profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Sobre la resolución del planteo de los jueces desplazados por el gobierno señaló que “todos los que tenemos práctica de litigar ante la Corte Suprema sabemos que si la Corte abre un recurso extraordinario, particularmente un recurso extraordinario como en este caso que se llama por salto de instancia, es decir, sin esperar la sentencia de la Cámara Federal, y además el nuevo recurso extraordinario y la eventual queja, daría la impresión que si abre es que va a mirar el tema desde una mirada favorable. Sobre todo porque ha dado plazos muy exiguos, 48 horas al Consejo de la Magistratura y 48 horas también a la Procuración General de la Nación”. Y añadió: “Todo esto hace pensar que la Corte -con la información que tiene hasta el momento- mira favorablemente el recurso de los jueces”.

Palacio de Tribunales (Foto NA: Hugo Villalobos)
Palacio de Tribunales (Foto NA: Hugo Villalobos)

Sola remarcó: “Este caso tiene una característica muy particular: el Consejo de la Magistratura anda muy mal. Uno de los problemas que trajo esto es que se dilatan las designaciones de jueces con lo cual tenemos gran parte de los juzgados y cámaras federales vacantes. A raíz de esto, desde hace unos años viene ocurriendo que cuando hay un juzgado que está totalmente vacante se traslada a otro juez de la misma jerarquía para tratar de cumplir la administración de Justicia, que es un mandato constitucional”.

“Más allá de que esta práctica sea deseable la Corte la consideró constitucional. Y lo que nos llama la atención a todos, y no me cabe ninguna duda que llama la atención a la Corte, es que solamente, de los varios casos que hay, se haya tenido en cuenta estos tres y nada más. Particularmente el caso del Dr. Castelli que va a ser juez nada menos que del juicio de la vicepresidenta. Y los otros dos casos también aunque en forma menos directa”.

Sola consideró que en el caso de Castelli está en juego no sólo el tema del debido proceso que afecta a los tres sino la garantía de los jueces naturales. “La garantía de los jueces naturales corre para los dos lados, para que una persona no sea juzgada por jueces que no sean los designados antes de los hechos del proceso pero también al revés, para que personas del gobierno, con autoridad, no pueda manipular los jueces que los van a juzgar”. El constitucionalista señaló: “Es particularmente sorprendente que en uno de los casos la persona que lo trasladó era la señora de Kirchner cuando Presidente de la Nación y la autorización que dio la Corte en ese corte fue expresa. Con lo cual parecería que difícilmente, muy difícilmente la Corte falle en contra del pedido de los jueces”.

Sola coincidió con Gil Domínguez en que el máximo tribunal puede llegar a fallar siguiendo la doctrina del caso Rosza, es decir que diga que los actos cumplidos por los jueces desplazados son válidos, que en el futuro no se podrá trasladar a los magistrados pero Bruglia, Bertuzzi y Castelli tienen que volver a Comodoro Py por la garantía del debido proceso.

Por último, Sola destacó la importancia de la división de poderes. En ese sentido afirmó: “Esta es la función central de la Corte. Si los poderes políticos controlan los tres poderes la propia Constitución llama a eso suma del poder público y considera que todos los que participan de esto merecen la pena de infames traidores a la patria. Creo que hay que tener mucha cautela cuando los poderes políticos controlan el Poder Judicial. La primera virtud de un juez es la independencia”.

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