El presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/José Méndez/Archivo
El presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/José Méndez/Archivo
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Este lunes se cumple el plazo de tres días que el Tribunal de Cundinamarca le dio al presidente Iván Duque para pronunciarse sobre un supuesto desacato a la tutela que impulsaron algunos senadores por permitir el ingreso de tropas militares estadounidenses al país sin la aprobación del Congreso de la República.

Después del pronunciamiento de Duque, que se espera se dé este fin de semana, vendría la decisión de la jueza que se encargaría de determinar si fue o no desacato. En caso de que sí, el Presidente podría enfrentarse a varias formas de pagar dicho incumpliento.

El primero es que se le podría imponer una multa de hasta 20 salarios mínimos mensuales, que actualmente asciende a más de 17 millones de pesos. Otra sanción podría ser una orden de arresto hasta de seis meses y, finalmente, el Tribunal podría compulsar copias para investigar a Duque por fraude a una resolución judicial.

Según el artículo 47 de la Ley 1453, modificatorio del artículo 454 del Código Penal, se estipula que si se prueba que el funcionario cometió el fraude, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, además, lo podría inhabilitar para el ejercicio de sus derechos y funciones públicas por el mismo término de la privación de la libertad.

En julio, el Tribunal de Cundinamarca se pronunció a favor de una tutela presentada por varios congresistas de oposición en la que se señalaba a Duque de no consultar al Senado para aprobar el ingreso de una misión del ejercito estadounidense a Colombia, esto porque según el artículo 173 de la Constitución Política, permitir el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional es competencia directa de esta corporación.

La jueza pidió detener la actividad de las tropas estadounidenses en el país y le pidió al Senado pronunciarse y este determinó suspender la autorización. Sin embargo, a finales de agosto el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo dijo que se había reactivado la actividad de la misión de asesoramiento en el país porque, según él, se cumplieron todas las exigencias del Tribunal. A lo que se refería Trujillo era a una carta que envió a Presidencia de la República el expresidente del Senado, Lidio García, en la que decía que 69 senadores consideraban que las tropas estadounidenses podían operar sin permiso de esa corporación porque, para ellos, se había hecho ya el control político y que no era un tránsito de tropas sino una cooperación militar.

Por esto, García se pronunció y dijo que esa carta era de caracter informativo y que no podía ser considerada como autorización, además que esta no reemplazaba la votación del Senado. Carlos Holmes Trujillo negó haber dicho esto y agregó que el Senado no debía autorizar la misión porque no era un tránsito de tropas, como lo determina la Constitución. Este lío es una de las razones por las cuales el ministro está citado a un debate de moción de censura este 21 de octubre en el Senado, impulsado por Roy Barreras, quien renunció esta semana al partido de La U y Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático.

Ahora, los congresistas que impusieron la acción de tutela, pidieron a la juez que declare el desacato de Duque por no cumplir lo ordenado.

Los accionantes de la tutela son Iván Cepeda Castro, Jorge Enrique Robledo, Alexander López Maya, Julián Gallo, Aida Avella, Victoria Sandino, Pablo Catatumbo, Wilson Arias, Jorge Guevara, Juan Luís Castro, Alberto Castilla, Germán Navas Talero, Ángela María Robledo, Fabián Díaz Plata, Jorge Alberto Gómez, Luís Alberto Albán, León Fredy Muñoz, María José Pizarro, Wilmer Leal y Carlos Carreño.

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