La CIDH llegó a la Argentina el 6 de septiembre de 1979 para una misión de observación sobre la situación de los derechos humanos, tal como fue profusamente recordado en estos días. En cambio, no fueron tan evocados algunos aspectos de esa visita que contradicen la grieta republicana que hoy se instala manipulando la historia con fines electorales, así como desmienten el relato más aceptado sobre el carácter de la dictadura y su contexto geopolítico.

El día 12 de septiembre, Deolindo Felipe Bittel y Herminio Iglesias, respectivamente vicepresidentes 1° y 2° del Partido Justicialista, estamparon su firma al pie de un documento por el cual el PJ denunciaba ante la Comisión la desaparición de personas y la injusta prisión de la titular del partido y última presidente constitucional de los argentinos, María Estela Martínez de Perón.

Herminio Iglesias, referente peronista de origen sindical, es usualmente recordado por haber quemado un cajón con la bandera de la UCR en el acto de cierre de campaña del justicialismo en 1983, cuando era candidato a gobernador bonaerense: algo muy conveniente para disimular otros errores políticos que tuvieron mayor incidencia en la derrota electoral del PJ y, al mismo tiempo una imagen que conforta la versión de quienes se arrogan la defensa del republicanismo y la legalidad democrática contra un autoritarismo de cuño peronista.

Bittel, varias veces gobernador del Chaco, ejercía por entonces la presidencia del partido en ausencia forzada de su Presidente.

Lo cierto es que en esos días de plena dictadura, cuando la denuncia de las violaciones de los derechos humanos implicaba enormes riesgos para la libertad y la integridad física, Herminio Iglesias no vaciló en firmar un documento acusatorio contra el régimen.

El texto fue redactado por abogados allegados al Justicialismo, Alicia Oliveira entre otros, la amiga de Jorge Bergoglio fallecida en 2014, por entonces integrante del CELS, el organismo fundado por Emilio Mignone que jugó un papel crucial en la denuncia de lo que estaba pasando y en promover la visita de la CIDH.

La abogada Alicia Oliveira
La abogada Alicia Oliveira

Hubo algunas personalidades que fueron entrevistadas en forma individual por la Comisión, pero la única fuerza que presentó una denuncia formal y pública, por escrito, y de modo orgánico fue el justicialismo.

Esto fue así a pesar de que, como se desprende del mismo informe realizado por la CIDH sobre su visita, el peronismo era la fuerza más perseguida y reprimida de todo el arco político.

Por caso, el informe señala que la Comisión se propuso entrevistar a todos los ex presidentes de Argentina, constitucionales y de facto: «A partir del día sábado 8 de septiembre se realizaron entrevistas con el Doctor Arturo Frondizi; Teniente General (Retirado) Roberto M. Levingston; Teniente General (Retirado) Alejandro Agustín Lanusse; el Doctor Héctor J. Cámpora, asilado en la Embajada de México, y la señora Isabel Martínez de Perón, quien se encontraba sujeta a arresto domiciliario en una quinta ubicada en San Vicente, provincia de Buenos Aires. El ex-Presidente Arturo Illia se encontraba fuera del país y el Teniente General (Retirado) Juan Carlos Onganía se excusó de recibir a la Comisión».

Como puede verse, los únicos mandatarios privados de su libertad eran los peronistas, Isabel y Cámpora. A esto se suman otros referentes justicialistas que la Comisión debió entrevistar en prisión, como el médico Jorge Alberto Taiana, ministro de Educación durante el tercer gobierno de Perón, que por entonces estaba detenido desde el 5 de abril de 1976, o el dirigente sindical Lorenzo Miguel, en detención domiciliaria, luego de haber pasado dos años y medio en la prisión militar de Magdalena.

Isabel Martínez de Perón se encontraba detenida cuando la CIDH visitó Argentina. En total pasó cinco años privada de su libertad
Isabel Martínez de Perón se encontraba detenida cuando la CIDH visitó Argentina. En total pasó cinco años privada de su libertad

El documento firmado por Herminio y Bittel, señalaba que «los beneficiarios de la actual situación» eran «implacables adversarios» del justicialismo y que los que se aferraban al «privilegio» no encontrarían «otra manera de mantenerlo sino sólo mediante la violación sistemática de los derechos humanos».

«El dolor de una madre es nuestro dolor; el dolor de un hijo es, también, nuestro; el obrero al que le falta el pan y no permiten decir lo que le falta, se hará voz en nuestras voces», decía el PJ. «Y esto nos compromete a asumir el dolor de aquellos que padecen la cárcel, a través de ‘actas’, ‘decretos’ o ‘bandos’ en las prisiones, embajadas, domicilios y confinamientos; y de los que padecen -y son millones- este exilio interior de la represión, el silencio y el hambre».

Y a continuación, sintetizaba su denuncia en dos puntos. El primero era «el encarcelamiento, vejación y confiscación de sus bienes de la señora presidente de la Nación Argentina, doña María Estela Martínez de Perón; de nuestro prestigioso dirigente gremial, don Lorenzo Miguel y de otros tantos que padecen las consecuencias de las llamadas ‘actas». Y el segundo: «La muerte y/o desaparición de miles de ciudadanos, lo que insólitamente se pretende justificar con la presunción de fallecimiento, que no significa otra cosa más que el reconocimiento de quienes se han atrevido o se atreven a levantar su voz y que han llevado o llevarán como ‘pena’ desde un silencio impuesto, hasta la muerte».

El informe de la CIDH
El informe de la CIDH

Otro aspecto muy resaltado en estos días fue que la visita de la CIDH marcó un antes y un después en la denuncia de la represión ilegal y la violación sistemática de los derechos humanos por la dictadura argentina; que se reveló al mundo en esos días la existencia de una política deliberada de represión y exterminio por parte de la junta militar. Que a partir de entonces ya nadie pudo seguir negando lo que había sucedido.

La CIDH llegó en 1979, cuando la dictadura llevaba casi 3 años y medio en el poder y ya había perpetrado el grueso de sus crímenes. Ahora bien, todo había sido ya denunciado, por distintos medios, en el país y en el exterior. Como lo recordó Graciela Fernández Meijide, los organismos de derechos humanos habían sistematizado toda la información en materia de represión ilegal.

¿Qué había pasado entonces? ¿Por qué razón hasta la venida de la CIDH muchos, dentro y fuera del país, negaban que existiera esa estrategia represiva por parte de la Junta Militar? De 1976 a 1979, con algunas honrosas excepciones, la respuesta a las denuncias que llegaban de Argentina eran la negación, la incredulidad o la relativización.

En el exterior, los exiliados argentinos llevaban las denuncias de los familiares de las víctimas de la represión ilegal a todos los foros posibles: datos, nombres, fechas, métodos, sitios, toda la información estaba en poder de los organismos internacionales y de muchos gobiernos extranjeros. 

Pero hasta 1979 la mayor parte de las denuncias chocaban con el sistemático boicot de la Unión Soviética, de todo su bloque de influencia, que iba más allá de los regímenes comunistas y abarcaba a muchos integrantes del grupo llamado de los No Alineados, además de la red de partidos comunistas presentes en casi todos los países del mundo.

El comunismo, además, había tenido como política ocupar la mayor cantidad de espacios posibles en todos los organismos humanitarios a nivel mundial, y tenía una importante influencia en ellos.

Manifestación frente a la Embajada argentina en París en reclamo por los desaparecidos. El socialista François Mitterrand, que en 1981 sería electo presidente, estaba presente. El Partido Comunista francés era reticente.
Manifestación frente a la Embajada argentina en París en reclamo por los desaparecidos. El socialista François Mitterrand, que en 1981 sería electo presidente, estaba presente. El Partido Comunista francés era reticente.

Moscú se ocupó de levantar una verdadera «cortina de hierro» -nunca mejor dicho- para proteger a sus aliados argentinos: los jefes de la dictadura militar.

Particularmente perverso fue el rol que jugó La Habana en ese dispositivo. Totalmente subordinado a la estrategia soviética, con una mano el régimen castrista palmeaba el hombro de los militantes, y con la otra votaba en la ONU en contra de toda iniciativa de condenar o de tan siquiera investigar lo que estaba ocurriendo en la Argentina. Por eso la misión que vino fue la de la OEA; allí no había un Fidel Castro para impedirlo.

En plena Guerra Fría, un gobierno dictatorial de facto le declaraba la guerra al «marxismo» -en realidad al peronismo- con el respaldo del bloque comunista.

La contracara de esto es otro dato que sí fue señalado en los recordatorios: el de cómo fue posible una misión de observación que la dictadura obviamente no recibió de buen grado. Videla autorizó la visita luego de una enésima presión por parte de Washington, esta vez a través de Walter Mondale, vicepresidente de James Carter, cuyo mandato se había iniciado en enero de 1977, cuando la dictadura argentina llevaba menos de nueve meses en el poder y que, desde entonces, presionaba al régimen de facto por las violaciones de los derechos humanos.

Es llamativo que haya sido justamente el gobierno de los Estados Unidos el que le impusiera a la dictadura una visita de inspección sobre torturas, muertes y desapariciones que ésta venía negando de modo sistemático.

James Carter. El presidente estadounidense presionó a Videla para que aceptase la visita de la CIDH
James Carter. El presidente estadounidense presionó a Videla para que aceptase la visita de la CIDH

Esto es algo que también era conocido en la época y por los mismos grupos que luego se siguieron referenciando en La Habana. Rodolfo Walsh, ya a comienzos de 1977, trató de explicárselo a la conducción de Montoneros: «Al enemigo la situación internacional lo mejora. Consigue créditos para su objetivo inmediato de refinanciar la deuda y mantiene excelente relación con el bloque soviético que con su importancia los salva en el sector externo».

En lo interno, la denuncia de la situación de los derechos humanos también chocó contra un muro. «No es cierto que haya fracasado el aperturismo -escribía Walsh por la misma fecha, en referencia a las convocatorias políticas de la dictadura-. Ejemplos: el PC no participa en los conflictos, mientras negocia con el gobierno a través del Partido Intransigente y le paga viajes a Lázara y García Costa para que viajen al Congreso de la Internacional Socialista a defender a Videla; la UCR no rompe a pesar de todos los agravios, incluidos Solari Irigoyen y Amaya». Los radicales Hipólito Solari Yrigoyen y Mario Abel Amaya fueron detenidos por defender presos políticos; el segundo murió en prisión a consecuencia de los malos tratos, un caso que fue incluido en el Informe de la CIDH.

«Un país no tiene amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes», decía el primer ministro británico de la era victoriana, Benjamin Disraeli.

Es la lógica que llevó a todo el bloque soviético a respaldar a la dictadura de Videla y negar rotundamente, en todas las tribunas internacionales posibles, que en la Argentina se estuvieran violando los derechos humanos. 

Pero no es esa la lógica con la cual algunos emblemáticos referentes de la lucha por los derechos humanos en la Argentina viajaban en años recientes a Cuba y se abrazaban con Fidel Castro. En esas actitudes prima un ideologismo que nubla la realidad y opera contra los propios intereses.

La convergencia, en un momento dado de la historia, de los intereses de Washington con las necesidades de los perseguidos por la dictadura militar hizo posible perforar el muro de silencio que otros intereses extranjeros habían levantado en contra de la Argentina. El ideologismo no debe primar en política exterior; suele ser sólo una fachada detrás de la cual campea el más crudo interés.

En cuanto al muro de silencio interno que las víctimas y algunos pocos valientes intentaron perforar, fue desafiado por el peronismo, movimiento al que actualmente un republicanismo muy flojo de papeles pretende estigmatizar.

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