Paul Singer, presidente de Elliott Group, el fondo al que pertenece el AC Milan. Foto: World Economic Forum.
Paul Singer, presidente de Elliott Group, el fondo al que pertenece el AC Milan. Foto: World Economic Forum.

El 22 de abril de 2016, la República Argentina ponía fin a más de 10 años de litigios internacionales originados por acreedores propietarios de deuda en default y no reestructurada. Durante una década, los argentinos escuchamos diariamente nombres como Thomas Griesa, Paul Singer o NML Capital. Los expertos desfilaron por los medios explicándonos el significado de las cláusulas RUFO o Pari-Passu. Todos conocíamos quienes eran los holdouts y los “fondos buitre”. Durante este tiempo y como en muchas otras instancias, Argentina fue el foco de la comunidad financiera internacional por motivos que solamente nosotros somos capaces de originar.

Hoy, Mauricio Macri está luchando por su supervivencia política y entre todas las malas noticias que ha generado su gestión, puede jactarse de haber sacado a Argentina de una situación delicada al cerrar el 99% de los litigios abiertos contra el país y permitir así que Argentina se reincorpore al mundo.

Thomas Griesa, fallecido juez del Distrito Sur de Nueva York
Thomas Griesa, fallecido juez del Distrito Sur de Nueva York

El comienzo del fin de los enfrentamientos judiciales con los acreedores internacionales ocurrió ese viernes 22 de abril de 2016, cuando se concretaron una serie de pagos que totalizaron USD 6.249 millones y que, durante los siguientes meses, superaron los USD 12.000 millones. Hoy, a pocas semanas de culminar los cuatro años de la presidencia, Macri se puede asegurar que la resolución de los conflictos por la deuda en default, fue un logro del actual presidente poco valorado y que pasa desapercibido por una sociedad argentina que desconoce las dañinas consecuencias que el país hubiese sufrido de haber prolongado una innecesaria batalla en las cortes internacionales.

En junio de 2014, la Corte Suprema de los EE.UU. decidió no escuchar la apelación argentina que cuestionaba el fallo adverso del Juez Thomas Griesa y la posterior decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Desafiando la decisión de las cortes norteamericanas, la administración de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue declarada en desacato al desobedecer las decisiones de las cortes que obligaban a nuestro país pagar a los acreedores o holdouts cifras millonarias. En ese momento, el Juez Griesa aplicó medidas cautelares que impidieron al Estado refinanciar su deuda y realizar pagos a aquellos acreedores que sí habían reestructurado sus tenencias de deuda soberana. Inmediatamente, Argentina entró en un nuevo default, no porque no tenía capacidad de pago, sino porque sus pagos no podían llegar a destino por las medidas del Juez Griesa.

Fue un logro poco valorado y que pasa desapercibido por una sociedad argentina que desconoce las dañinas consecuencias que el país hubiese sufrido de haber prolongado una innecesaria batalla en las cortes internacionales

Se puede discutir largo y tendido si fue correcto o no la interpretación del Juez Griesa de la cláusula Pari-Passu, o si la ex presidenta actuó debidamente y a favor de los intereses nacionales al desobedecer los fallos de las cortes norteamericanas. Pero lo que es innegable es el daño que le causó el aislamiento del mundo al país por culpa de la imposibilidad de pagar los vencimientos de deuda.

Los contratos hay que respetarlos y el Estado argentino es conocido mundialmente por no respetar los compromisos firmados con acreedores e inversores. Argentina al día de la fecha tiene 30 causas abiertas por deuda en default en la corte neoyorquina, tiene 16 demandas sin resolución en el CIADI y 9 litigios en la Corte Comercial de la ONU. Los contribuyentes argentinos pagaron USD 15.000 millones en los últimos 10 años en fallos adversos por no respetar los contratos firmados. Y aún quedan sentencias por pagar por errores cometidos por diferentes gobiernos argentinos.

Argentina al día de la fecha tiene 30 causas abiertas por deuda en default en la corte neoyorquina, tiene 16 demandas sin resolución en el CIADI y 9 litigios en la Corte Comercial de la ONU

El presidente Mauricio Macri se puso como prioridad reducir la exposición legal que enfrentaba Argentina cuando en diciembre de 2015 llegó al poder. Quedan muy pocos casos por resolver, cerca de USD 650 millones en sentencias y, aunque no se descarta que el país vuelva a tener problemas con su capacidad de pago por deuda contraída durante su mandato, haber cerrado este capítulo de la historia, continúa siendo un importante logro poco recordado.

El autor es especialista en deuda soberana, provincial y corporativa emitida en los mercados internacionales, MBA de la Escuela de Negocios de Thunderbird, Arizona, y CEO de Fin.Guru, sitio en el que fue publicado este texto

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