Votación ONU Venezuela 1920
La ONU aprobó que se sigan investigando las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela (ONU)

Con 22 votos a favor, tres en contra y 22 abstenciones, la ONU aprobó que se sigan investigando las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela.

Esto implica que se renueva por dos años el mandato de la Misión de Determinación de Hechos que investiga los crímenes de lesa humanidad en el país caribeño; se condena las violaciones a los DDHH ya comprobadas; y se llama a celebrar elecciones libres.

Votación ONU Venezuela 1920
Así votó cada país (ONU)

El resultado de la votación fue contundente. Votaron a favor Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Brasil, Bulgaria, Chile, República Checa, Dinamarca, Fiji, Alemania, Italia, Japón, Islas Marshall, Holanda, Perú, Polonia, Corea del Sur, Eslovaquia, España, Ucrania y Uruguay.

Se abstuvieron Afganistán, Angola, Armenia, Baréin, Bangladesh, Burkina Faso, Camerún, Congo, India, Indonesia, Libia, Mauritania, México, Namibia, Nepal, Nigeria, Pakistán, Qatar, Senegal, Somalia, Sudán y Togo.

En contra solo lo hicieron el régimen de Maduro, Eritrea y Filipinas.

Más de 50 países firmaron el proyecto que se presentó este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que el organismo continúe investigando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y condene al régimen de Maduro.

A lo largo del documento, los países firmantes manifestaron su alarma por distintos aspectos específicos de la crisis “civil, política, económica, social y cultural” que tiene lugar en el país: la situación en el arco minero del Orinoco y los abusos de las fuerzas de seguridad, la falta de independencia de poderes -que redunda en una imposibilidad de garantizar la transparencia de los procesos electorales- y las necesidades humanitarias de una vasta porción de la población.

Expresa profunda preocupación por la situación de los derechos humanos y el medio ambiente en la región del Arco Minero, en donde existe explotación laboral de los mineros, así como trabajo infantil, trata de seres humanos y prostitución forzada”, expresa el párrafo al respecto de la que es una de las principales fuentes de ingresos ilegales del régimen.

De hecho, ante la caída de las exportaciones de petróleo consecuencia de las sanciones y los malos manejos, el régimen ha incrementado las áreas de explotación, que ahora incluyen zonas protegidas en el amazonas.

La cantidad de terrenos utilizados para la minería se ha triplicado con creces desde marzo del año pasado, según un estudio de la organización local sin fines de lucro Wataniba. Se espera que la actividad se acelere aún más después de la autorización en abril de nuevos lotes en cinco ríos.

En otro pasaje del proyecto, los países refieren a otro aspecto humanitario: la inseguridad alimentaria y la emigración masiva. Por ello “expresan profunda preocupación porque más de 5 millones de personas se han visto obligadas a abandonar” el país y que 7 millones -un tercio del país- carezca de seguridad alimentaria y necesite asistencia.

A nivel general, el documento refiere al reciente informe de la FFM (Fact Finding Mission, misión para determinación de los hechos, por sus siglas en inglés) que determinó que “Maduro tiene responsabilidad directa en estos crímenes de Lesa Humanidad”.

Al respecto, expresó “profunda alarma” ante la existencia de motivos razonables para “creer que en Venezuela se han cometido los siguientes Crímenes de Lesa Humanidad: asesinato, encarcelamiento y otras privaciones graves de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas y otros actos inhumanos de carácter similar que causan intencionalmente grandes sufrimientos o atentan gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

El proyecto dedica varios párrafos a la situación política en el país caribeño: “Condena enérgicamente” la persecución política en el país, así como “el quebrantamiento de la independencia de la Asamblea Nacional, también en lo que se refiere a su presidencia y al ejercicio de sus funciones en relación con el Consejo Nacional Electoral”.

En paralelo, remarca “el socavamiento” de la independencia del poder judicial, expresada en “la falta de transparencia en el proceso de nombramiento de jueces” y los lazos del Tribunal Supremo con el régimen. «Contribuyen a la impunidad y a la persistencia de violaciones de los derechos humanos y obstaculizan la celebración de elecciones libres, limpias, transparentes y creíbles”, expresa el documento.

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