Malasia procedió este martes a la expulsión hacia Birmania de un millar de migrantes birmanos, a pesar de una decisión judicial que le pedía suspender esa medida condenada por oenegés.

Las autoridades enviaron de regreso a 1.086 migrantes a bordo de tres barcos militares birmanos, precisó el jefe de los servicios de inmigración malasios Khairul Dzaimee Daud, afirmando que entre las personas expulsadas no se encontraba ningún miembro de la minoría rohinyá y ningún solicitante de asilo.

Horas antes de la deportación, un tribunal malasio había suspendido de forma temporal el controvertido proyecto denunciado por organizaciones de defensa de los derechos humanos y que tiene lugar tres semanas después del golpe de Estado de la junta.

Los migrantes detenidos -algunos de ellos pertenecientes a minorías vulnerables- ya habían sido conducidos a una base militar de la costa del oeste de Malasia. Allí fueron embarcados con destino a Birmania.

«Todos quienes fueron deportados aceptaron regresar por su propia voluntad, sin ser forzados», dijo Khairul Dzaimee Daud.

Estados Unidos y la ONU criticaron esta expulsión y las organizaciones de defensa de los derechos humanos afirmaron que había solicitantes de asilo entre las personas que corrían el riesgo de ser expulsadas.

Amnistía Internacional y Asylum Access, organización de ayuda a los refugiados, fueron quienes presentaron el recurso ante un tribunal de Kuala Lumpur, afirmando que en caso contrario Malasia violaría sus obligaciones internacionales.

«Esta iniciativa para impedir la expulsión se basa en informaciones de grupos de refugiados que indican claramente que hay solicitantes de asilo y refugiados entre las personas que se envían de vuelta a Birmania», declaró Katrina Jorene Maliamauv, directora de Amnistía Internacional Malasia.

Amnistía internacional pidió además que la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) tenga acceso a los prisioneros para determinar quienes deben beneficiarse de asilo.

Según la ONU, al menos seis personas están registradas en ACNUR y tienen derecho a una protección internacional.

– «Gran preocupación» ante el golpe –

El ejército birmano tomó el poder al comienzo de febrero, derrocando al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, lo que ha desatado manifestaciones multitudinarias y condenas internacionales.

Malasia expresó su «gran preocupación» por el golpe de Estado, pero días después se supo que había dado su acuerdo para que la junta militar enviara buques de guerra para recoger a los migrantes detenidos.

Los dirigentes malasios dicen que las personas expulsadas han cometido delitos, como tener visados vencidos.

Entre los expulsados hay miembros de la minoría cristiana y otros de los estados de Kachin (norte) y Shan (este), según Lilianne Fan, directora internacional de la Fundación Geutanyoe, que trabaja con refugiados.

Las autoridades malasias prohíben desde fines de 2019 el acceso de ACNUR a sus centros de detención, lo que significa que la agencia de la ONU no puede determinar quienes de los prisioneros deberían obtener el estatuto de refugiados.

Malasia acoge a millones de migrantes de las regiones más pobres de Asia, como Birmania, Bangladés e Indonesia, que trabajan por salarios miserables, sobre todo en el sector de la construcción.

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