La letrada recordó que la justicia probó que el condenado “ahorcó” a la joven y “le destrozó el cráneo con una piedra”
La letrada recordó que la justicia probó que el condenado “ahorcó” a la joven y “le destrozó el cráneo con una piedra”

El Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Mendoza aceptó iniciarle un sumario a la abogada querellante del juicio por el asesinato de Julieta González, a solicitud del condenado a 18 años en primera instancia por ese crimen que conmocionó a la provincia en 2016, en una decisión que es considerada un “escándalo” por la parte afectada.

El órgano encargado de administrar las matrículas en la provincia hizo lugar al reclamo de Andrés Di Césare, quien le reclama a la abogada trans Carolina Jacky haberlo llamado “femicida” en redes sociales cuando solamente era un imputado con ese agravante que finalmente no fue incluido en la sentencia, muy cuestionada por las organizaciones de mujeres por “falta de perspectiva de género”.

No obstante, ese fallo condenatorio producido por el Segundo Tribunal Colegiado de Mendoza el 18 de septiembre del año pasado, fue apelado también por la querella y la Fiscalía ante la Corte Suprema provincial para lo revise e incluya la figura de femicidio, lo que podría elevar la pena a 35 años.

“Cuando me llegó la notificación, se me cayó todo porque es una lucha que no termina más: me pegan a mí y a través mío, a Julieta que murió a manos de este hombre, y a su mamá que no para de llorar”, dijo a la agencia Télam la querellante, una conocida penalista mendocina con más de 45 años en la profesión, los últimos 12 transitados con su nueva identidad.

La letrada recordó que la justicia probó que el condenado “ahorcó” a la joven y “le destrozó el cráneo con una piedra”, para después “tratar de ocultar las pruebas”. “¡Y ese es el hombre que me denuncia a mí, siendo yo querellante en la causa, es decir, que tengo la función de denunciar y lo vengo denunciando de femicida desde que se inició el proceso!”, lamentó.

En tanto, el abogado de Jacky, Carlos Lombardi, calificó de “escándalo” la decisión tomada por el Tribunal de Ética e informó que ya pidió “la recusación” de este mismo organismo “por parcialidad manifiesta y violencia de género contra la abogada”, para que sea la propia Corte la que intervenga en el conflicto, dado que es quien tiene la competencia originaria en el manejo de la matrícula profesional.

Julieta González tenía 21 años cuando fue asesinada. (Facebook)
Julieta González tenía 21 años cuando fue asesinada. (Facebook)

“El Tribunal de Ética asume una posición absolutamente machista al darle curso a una denuncia en la que el declarado autor de un homicidio se ofende porque en el transcurso del proceso la abogada lo acusa de femicida: obvio que como querellante y trabajando codo a codo con la fiscalía asumió un rol acusatorio que finalmente terminó siendo cierto, porque la condena no fue por femicidio pero sí por homicidio”, dijo Lombardi.

Al darle curso a la denuncia de Di Cesare en lugar de archivarla, para Lombardi el comité de Ética “avala los patrones culturales y legales machistas, violentando la normativa internacional y generando también violencia de género para con esta abogada trans que representa a las víctimas y que lo único que ha hecho es difundir por las redes para concientizar”.

El portal Noticias Mendoza intentó tener la versión del Colegio de Abogados, pero se negaron a suministrar cualquier tipo de información porque “las causas son secretas”.

En la notificación del inicio del sumario a la que tuvo acceso Télam, se informa que la denuncia que da origen a la investigación indica que la letrada “haciendo uso y abuso en este caso, de distintos diarios digitales como también de redes sociales (…) ha vertido públicas manifestaciones acusándolo de ser autor del delito por el cual se lo investiga (la muerte de Julieta González)”, omitiendo que ya fue condenado en primera instancia por homicidio aunque el fallo haya sido apelado.

El reclamo es por violentar “el principio de inocencia” que “rige durante todo el proceso, máxime teniendo en cuenta que la acusación que ella infiere, es grave: ‘femicida’; alentando una condena social previa a una sentencia, que debería, por su absoluta inocencia, culminar en una absolución”.

No es la primera vez que la letrada tiene conflictos con el Colegio de Abogados de Mendoza: “Antes no llegó a sumariarme pero me pidió que ‘cuide mis palabras’ por una nota que di en tiempos que se debatía el aborto legal y tuvieron que archivar también una denuncia en mi contra por haber dicho que ‘el principio de duda’ estaba cuestionado en violencia de género, porque fue ratificado en un fallo de la Corte Suprema de Mendoza”, recordó.

El homicidio de Julieta González

Este hecho que conmocionó a toda la provincia comenzó cuando la joven de 21 años desapareció después de que fue vista por última vez el 21 de septiembre del 2016. Seis días más tarde fue encontrado su cuerpo atado de pies y manos.

El cadáver estaba en una zona montañosa de la localidad de Cacheuta, en el departamento de Luján de Cuyo. Cerca de allí está el penal de máxima seguridad de Almafuerte y una destilería. En este último lugar habían sido hallados con anterioridad el DNI y la campera de la víctima.

Gonzáles se había ido de su casa tras una discusión familiar y su madre difundió por redes sociales la foto de un hombre que ella había presentado como su novio: se trataba de Di Césare, quien luego fue encontrado culpable por el homicidio.

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