En la jornada del pasado jueves, el Gobierno nacional oficializó el traspaso de tierras ubicadas en la localidad de Agote a la administración provincial.

La Resolución Nº 129/2021 señala en su artículo 1º: “Desaféctase de la jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación – Servicio Penitenciario Federal, el sector del inmueble propiedad del Estado nacional, ubicado en la calle 30 y vías del Ferrocarril Línea San Martín, de la localidad de Agote, partido de Mercedes, Provincia de Buenos Aires…  con una superficie aproximada de 295.021,18 m2

En su artículo segundo, se agrega: “Otórgase al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, un permiso de uso con compromiso de compra del sector del inmueble descripto en el artículo precedente, a los fines de destinarlo a la construcción y operación de una unidad penitenciaria, proyecto comprendido dentro del Plan de Infraestructura Penitenciaria Provincial, en cuyo marco se prevé la edificación y puesta en funcionamiento de nuevas unidades penitenciarias, alcaldías departamentales y casas de pre-egreso en distintas localizaciones dentro de la provincia de Buenos Aires, ello con el objeto de mejorar sustancialmente las condiciones de detención dentro del Sistema Penitenciario Provincial”.

Consultadas autoridades locales manifestaron estar al tanto de la situación, aunque prefirieron no generar falsas expectativas en cuanto a tiempos de ejecución de la obra. “Sabemos de la cesión de tierras para la futura cárcel provincial en Agote, pero es preferible esperar a otras novedades más concretas sobre la ejecución de este plan” enfatizó un alto funcionario a Protagonistas.

En 2015 el por ese entonces ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, firmó un acta de intención con el gobernador en ese momento, Daniel Scioli, para el traspaso de tierras que permitirían construir una nueva cárcel en Agote que servirá para trasladar la actual Unidad N° 5. El acuerdo tuvo lugar durante la visita de Daniel Scioli a Mercedes.

 

Pasos

De acuerdo a la resolución del Gobierno nacional, la delimitación definitiva del sector del inmueble en trato deberá ser realizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y presentada ante la Administración de Bienes del Estado en un plazo de sesenta días, a contar desde la suscripción del permiso de uso que se propicia. Dicha delimitación “no podrá apartarse de la superficie considerada en la presente medida, salvo diferencias razonables que surjan de la demarcación in situ del predio en cuestión, conforme a sanas prácticas y diligencias de medición, reservándose esta Agencia, en el caso que lo estime procedente, la facultad de realizar las comprobaciones y verificaciones que considere necesarias en relación a dicha demarcación”.

Entre los fundamentos de la decisión se explicó que esta medida se encuadra en la decisión política del Poder Ejecutivo Nacional de hacer prevalecer el interés en la preservación del patrimonio inmobiliario estatal y la racionalización en cuanto a las condiciones de uso y aprovechamiento del espacio físico de los inmuebles, con vista a mejorar el aprovechamiento y utilización de dichos bienes inmuebles estatales en el marco de su aplicación al desarrollo de políticas públicas, cuyo instrumentación tenga por objeto beneficiar a la comunidad en su conjunto.





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