En la imagen un registro del director ejecutivo de Funides, Juan Sebastián Chamorro, en Mangua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/Archivo
En la imagen un registro del director ejecutivo de Funides, Juan Sebastián Chamorro, en Mangua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/Archivo
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Managua, 6 oct (EFE).- Una jueza nicaragüense embargó la residencia de la empresaria Victoria Lacayo, suegra del dirigente opositor Juan Sebastián Chamorro, por una causa promovida por la Alcaldía de Managua, gobernada por los sandinistas, denunciaron este martes los afectados, que vinculan el caso a la grave crisis que vive el país desde hace más de dos años.
La jueza segunda de ejecución de embargo, Evelin Jiménez, ordenó el embargo de la casa de la empresaria, así como seis lotes de terrenos de una lujosa urbanizadora, incluido uno que acoge el pozo que abastece de agua potable el residencial Intermezzo del Bosque, ubicado en las afueras de Managua, denunció Victoria Cárdenas, hija de la afectada, en una declaración pública.
Cárdenas, esposa del dirigente opositor, explicó que la Alcaldía de Managua presentó una demanda ejecutiva contra Inmobiliaria Intermezzo del Bosque por más de 9 millones de córdobas (unos 260.115 dólares), y que la tarde del lunes procedió a requerir el pago a la sociedad y trabó siete embargos sobre diferentes propiedades, incluyendo la residencia de su mamá.
«Se embargaron bienes con valor muy por encima de lo reclamado, cometiendo una ilegalidad», sostuvo la hija, que es socia con su madre de la urbanizadora.
Según la también empresaria, la demanda de la Alcaldía se origina en un reparo «también ilegal» por las ventas de lotes hechos hace 23 años y que, según la municipalidad, fueron vendidos entre 2017 y 2019.
«Un verdadero adefesio jurídico», señaló la afectada, que tildó como «un acto de acoso y terrorismo fiscal que busca despojarnos de los bienes de mi familia».
Por su lado, Chamorro, que es secretario ejecutivo de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, anunció que se defenderán de ese caso, que dijo, es promovido por el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, al que señaló de practicar «terrorismo fiscal» contra sus adversarios, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.
Por ese caso, la jueza Imara Isabel Castro Martínez, del Juzgado Quinto Local Penal de Managua, dictó orden de allanamiento de morada y detención contra las dos mujeres, que aún no han sido capturadas.
Diferentes cámaras empresariales han advertido que esos embargos atentan contra la libre empresa, ahuyentan la inversión, e impide la generación de empleos, por lo que han pedido al Gobierno de Ortega cesar la intimidación hacia los opositores y al sector privado.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.

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