Cristina Kirchner
Cristina Kirchner

La maniobra denunciada en la causa de los cuadernos de la corrupción K fue organizada por Julio De Vido (por entonces ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios) y por Roberto Baratta (ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de ese Ministerio), que fue el principal recaudador de los fondos, junto con su secretario privado, Nelson Javier Lazarte.

Se trataba de una organización criminal que desde las máximas autoridades del Poder Ejecutivo diseñó un mecanismo mediante el cual se recaudaba dinero ilegal con el fin de enriquecerse y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos. Esta maniobra fue perpetrada con la participación de funcionarios públicos que se aprovecharon de sus cargos para hacerse de fondos correspondientes a contratos de obra y servicios públicos, como de empresarios que durante años abonaron sumas de dinero, por lo que mantuvieron esos contratos con enormes réditos para las empresas que representaban.

Las obras públicas fueron el canal más directo y más fácil para poner en marcha el sistema de recaudación y disciplinamiento del sector privado. Se puso en marcha el mecanismo de recaudación con empresas de construcción a cargo de las obras públicas que se fueron licitando, pero inmediatamente, también, el mismo sistema fue implementado para las otras áreas sensibles por recibir enormes cantidades de dinero de un Estado que empezaba a mostrar generosidad en el reparto.

El propio Néstor Kirchner armó con su entorno una asociación ilícita para cometer delitos contra del Estado que él mismo conducía. Lo hizo copiando y ampliando la práctica que ya había institucionalizado en el Gobierno provincial que antes tuvo a cargo. Había pasado a jugar en las grandes ligas. Entonces, aquel empresario que quería ganar una obra pública, explotar un corredor vial, recibir subsidios al transporte, relacionarse con el rubro energético, debía entregar un porcentaje de aquellos fondos que el Estado le pagaba. Fondos que eran previamente inflados para generar el «resto» que los empresarios debían pagar a los funcionarios que el Presidente designaba para esta tarea.

El mismo Presidente luego dejó el mando para un próximo gobierno a su esposa, que continuó con los mismos negocios espurios funcionando con la precisión de un reloj y que continuaron después de la muerte de aquel y con los herederos haciéndose cargo, para solventar costosas campañas electorales, comprar voluntades del Poder Judicial y engrosar su patrimonio.

El hallazgo de los cuadernos del chofer Centeno fue una vuelta de tuerca muy fuerte en la investigación de la corrupción. Por primera vez aparecen claramente explicados los movimientos, quiénes eran los que pagaban, a quiénes y hasta cómo se trasladaban esos dineros que, en casi su totalidad llegaban a manos de los entonces presidentes Néstor y Cristina Kirchner.

En aquel sistema de recaudación, investigado por el juez Claudio Bonadio en la causa que se elevó a juicio oral, y en la cual participaban empresarios, ministros, secretarios privados de la presidencia, remiseros, el dinero llegaba hasta Néstor y Cristina Kirchner, quienes, recibieron los millones de dólares en su departamento de la calle Juncal y Uruguay a través de un secretario Daniel Muñoz. Aunque no se descarta que también se hayan efectuado entregas en la mismísima Quinta de Olivos, domicilio oficial de los Presidentes. Y de allí viajaban en los aviones oficiales a diferentes propiedades de la familia Kirchner en la provincia de Santa Cruz. O quién sabe adónde más o cuáles fueron los destinos finales de toda esa riqueza.
Lo hemos repetido tantas veces, pero es así de fuerte: el mayor problema de la Argentina no es la corrupción (que, como muchos afirman, existe en todos los rincones del planeta), sino la impunidad de los corruptos, la falta de castigo oportuno. Hoy parece que avanzamos un casillero hacia el fin de la impunidad.

Pero falta todavía la batalla mas difícil: nos debemos preguntar antes de las próximas elecciones cómo alguien que tiene más de una decena de procesamientos por delitos vinculados con la corrupción, puede no solo ocupar una banca en el Senado, ejercer un mandato legal, tomar decisiones sobre el presente y el futuro de los argentinos, sino también volver sobre su propia historia con la pretensión de retornar a los lugares de poder desde los cuales se ejecutaron todos los hechos de los que hoy conocemos su verdad.

La autora es abogada y fue directora de la IGJ

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